La cuestión de Ñacunday no constituye un hecho aislado de otros hechos de trascendencia que se dan a nivel nacional, alentados desde el poder central de la República, perturbando la tranquilidad pública, los derechos de las personas y sus bienes, así como el Estado Social de Derecho consagrado por la Constitución. Se evidencia una estrategia del Poder Ejecutivo de poner en duda la veracidad de los Registros Públicos, y por ende, la legitimidad y la legalidad de los derechos de propiedad de las tierras más productivas del país. Lamentablemente, ciertas dependencias del Poder Judicial se prestan a esta maniobra.
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